Esta es la duda razonable que merece ser planteada y que todos y todas las que estamos aquí deberíamos intentar resolver. Yo creo que sí, y no sólo ha servido de algo: ha servido de mucho. Los avances logrados en el ámbito laboral en cuanto a derechos, y las reivindicaciones conseguidas tras largas conversaciones, discusiones y disputas no deben ser obviadas y no podemos permitir que –precisamente en estos momentos- estos logros sean anulados bajo la excusa de que la actual situación financiera no los puede soportar.
En estos días también debemos plantearnos si conviene luchar mucho, resignarnos mucho o huir mucho.
Las condiciones que esta sociedad tan compleja y diversa nos ofrece, nos presenta estas 3 opciones en igualdad de oportunidades: huir, resignarse o luchar, como si las 3 fueses socialmente equilibradas, como si la Ética concediese idéntico valor de opción a cualquiera de ellas y como si las consecuencias de una u otra elección fueran similares. Sin embargo, en una sociedad libre, nunca termina la lucha.
Este modelo de sociedad libre e igualitaria, sustentada en el Estado de Bienestar, ha sido posible gracias al desarrollo de los servicios públicos y al trabajo de los servidores/as públicos, es decir, de profesionales cuya labor y ocupación se fundamenta en facilitar aquellas necesidades que la propia sociedad ha decidido que son necesidades: educar a menores, cuidar a mayores, curar personas enfermas, evitar robos, castigar abusos, proteger, auxiliar, informar... cuajándose así la diversidad de funciones de atención y de protección social.
No ha existido nunca una sociedad carente de profesionales públicos, aunque son muy escasas aquellas en las que la sociedad global haya aplaudido la eficiencia de sus tareas. Ésta debe ser una buena ocasión para hacerlo; como también lo debe ser pensar en cómo se puede recuperar el reconocimiento de quienes se ocupan en atender nuestras necesidades.
Ahora unos números para la reflexión: en nuestra sociedad, la décima parte del PIB la utilizamos para abonar las nóminas de los y las profesionales públicos. En España, apenas un 16% de las personas activas trabajan en las distintas administraciones públicas, mientras que las sociedades que decimos avanzadas alcanzan un porcentaje de funcionariado cercano al 25% (Dinamarca, Noruega). Curiosamente, en Extremadura hemos llegado al 23% y más curiosamente, en Cataluña no llegan al 10%.
Estos números nos están diciendo que las atenciones que requiere nuestra pequeña sociedad extremeña está mejor diseñada en servicios sociales: dependencia, educación, ocio, cultura, deportes, información...
Sin embargo, desde la Federación de Mujeres Progresistas de Extremadura entendemos que hay que dar un paso más: no sólo deben existir, mantener y mejorar estos servicios (como decíamos antes: hay que seguir luchando mucho), sino que además deben ejecutarse desde una perspectiva de género de tal manera que hombres y mujeres reciban esta atención social teniendo en cuenta las demandas y necesidades específicas de unos y de otras.
Y muy especialmente que aquellos recursos públicos que se crearon con el propósito de reparar y de compensar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en diversos ámbitos sean minusvalorados, especialmente por quienes quieren hacer ver que en estos días son otras las prioridades.
No podemos permitir que dichos servicios se reduzcan, se eliminen o sean absorbidos por recursos privados. De lo contrario, las desigualdades y las diferencias sociales contra las que ahora luchamos se verían acrecentadas a causa de las actuales condiciones socioeconómicas.
Aunque no dudamos de ello, aprovechamos la oportunidad que nos habéis ofrecido para instaros a que en estos momentos, en las reivindicaciones laborales de Comisiones Obreras sigan estando presentes la defensa de unos servicios públicos de calidad y a los que se acceda en igualdad de oportunidades.
Leído en la Conferencia Regional por los Servicios Públicos de CC.OO. - Extremadura
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